Una noticia de última hora afecta directamente al bienestar de nuestros retirados y de los jubilados en general. Lo que se preveía como una revalorización consolidada para este ejercicio ha sufrido un importante revés parlamentario.

El Congreso de los Diputados ha rechazado el Real Decreto-ley que contenía la subida de las pensiones de Clases Pasivas y Seguridad Social y otras medidas sociales que apoyan todos los grupos, ya que formaban parte de un decreto ómnibus en el que el gobierno intenta colar también medidas polémicas como las antidesalojo. Medida que claramente no tiene el respaldo de la mayoría.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ya hizo un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que no convalidasen este Real Decreto-ley Ómnibus, ya que incluye la medida de paralización de desahucios que protege a ocupas e inquiocupas, pero que sobre todo deriva las funciones del escudo social, que debería asumir el gobierno, a los pequeños propietarios para que paguen la factura.

Ya ocurrió de forma similar el pasado año, en el que el Gobierno utilizó otro omnibus para colar leyes que no tienen mayoría u obligar a votar en contra la oposición para inmediatamente intentar responsabilizarles de la no aprobación.

Impacto directo en la nómina de los retirados

• Incertidumbre en febrero: Aunque la nómina de enero ya incluyó el aumento previsto, la caída del decreto deja sin base legal la subida para los próximos meses si no se aprueba un nuevo texto de urgencia.
• Riesgo de congelación: De no corregirse la situación antes del cierre de nóminas de febrero, las cuantías podrían revertir a los valores vigentes en diciembre de 2025.
• Derechos en juego: Se estima que la subida del 2,7% queda en el aire, afectando especialmente a quienes perciben la pensión máxima y a las pensiones mínimas, que esperaban un incremento superior.