Europa ha entrado en una nueva etapa de inestabilidad. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, hemos comprobado que las amenazas militares convencionales no son cosa del pasado. La guerra ha vuelto al continente, y con ella, la necesidad de repensar nuestra política de defensa. España, como nación soberana y miembro de la OTAN, no puede mirar hacia otro lado.

A lo largo de los últimos 20 años, las Fuerzas Armadas españolas han visto disminuir su número de efectivos de forma constante. De más de 200.000 militares en activo a principios de siglo, hemos pasado a poco más de 133.000 en 2025. Esta reducción, en un contexto internacional cada vez más complejo, plantea serias dudas sobre nuestra capacidad de respuesta real ante una amenaza directa o ante compromisos con nuestros aliados.

La OTAN ha elevado el tono. Ante la amenaza rusa, ha solicitado a sus miembros que aumenten el gasto en defensa hasta un 5 % del PIB. España ha firmado ese compromiso, aunque ha anunciado únicamente un incremento hasta el 2,1 %, muy por debajo de lo que otros países europeos ya están implementando. Polonia, por ejemplo, ya supera el 4 %, y Alemania ha movilizado fondos históricos para modernizar y reforzar sus fuerzas armadas.

Mientras tanto, en España, se multiplican los despliegues exteriores, se mantienen misiones permanentes en zonas clave y se asumen responsabilidades internacionales con un número de efectivos limitado. Aunque el Gobierno ha firmado el compromiso de la OTAN de alcanzar un 5 % del PIB en gasto en defensa, lo anunciado hasta ahora apenas llega al 2,1 %. Esa diferencia, si no se traduce en recursos reales, corre el riesgo de trasladarse directamente sobre las espaldas de quienes ya sostienen el esfuerzo diario: los militares. Las unidades operativas trabajan al máximo, con plantillas ajustadas y medios escasos, lo que pone en tensión tanto la operatividad como el equilibrio humano del sistema. A esto se suma una realidad preocupante: los incentivos económicos y profesionales no siempre están a la altura del nivel de exigencia. Muchos miembros de la escala de tropa, tras años de servicio, y especialmente en unidades de primera línea, como la BRIPAC, optan por buscar una salida hacia cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional, donde encuentran muchas mejores condiciones, mayor estabilidad y mejores remuneraciones. Esta fuga de experiencia erosiona aún más la base operativa del sistema de defensa.

No se trata de militarizar la sociedad ni de volver a modelos del pasado. Se trata de reconocer una realidad: la defensa nacional no puede sostenerse si no se invierte en ella. Es egoísta pretender que otros miembros de la organización de defensa común en la que estamos paguen por nosotros. Reforzar nuestras Fuerzas Armadas es una necesidad estratégica y ética, no una cuestión ideológica.
Es proteger lo que somos, lo que valoramos y lo que hemos construido entre todos en estos años gracias a la paz.

Como ciudadanos comprometidos con la seguridad de nuestro país, debemos exigir que nuestras instituciones estén a la altura del momento. Porque defender el mantenimiento de la paz no es solo tarea de los militares: es una responsabilidad colectiva del conjunto de los ciudadanos del país.

Otra postura legítima es no formar parte de ninguna organización de defensa. Esta opción permitiría decidir más libremente nuestra política exterior y de seguridad, pero también nos haría más vulnerables. El gasto en defensa, al no ser compartido con aliados, sería mucho más elevado. Atacar o presionar a un país miembro de una alianza como la OTAN es extremadamente complicado por el efecto disuasorio de la respuesta colectiva. Sin embargo, un país aislado, que además intenta gastar poco en defensa y se declara pacifista, resulta mucho más fácil de presionar, desestabilizar, atacar o robar territorio progresivamente, como ha hecho Rusia con Ucrania. La neutralidad tiene un precio alto si no se respalda con recursos reales.