El Ejército aún espera un reconocimiento que otros ya tienen
Ser bombero, policía local o minero en España significa tener reconocida la dureza y peligrosidad del oficio, hasta el punto de poder jubilarse antes sin perder derechos. Sin embargo, los militares, que conviven con la incertidumbre de cada misión, con entrenamientos extremos y un riesgo real que a veces se paga con la vida, siguen sin ese reconocimiento legal. Ahora, una nueva proposición de ley pretende corregir esta contradicción histórica.
En España existen profesiones reconocidas como de riesgo —bomberos, policías locales, mineros, personal de vuelo— que disfrutan de coeficientes reductores en la edad de jubilación. Esa consideración se justifica por la dureza, la peligrosidad y la siniestralidad que acompañan al desempeño de sus funciones. Paradójicamente, los militares, que viven a diario en entornos de riesgo, no están incluidos en ese grupo.
Una proposición de ley recientemente presentada en las Cortes busca corregir esta situación. La iniciativa plantea que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan beneficiarse de un coeficiente reductor del 0,20 por cada año de servicio, lo que permitiría jubilarse desde los 60 años (o los 59 si se acreditan 35 años de actividad). Además, el tiempo rebajado se computaría como cotizado, evitando que la pensión se viera mermada.
El argumento es claro: ser militar es una profesión de riesgo, aunque la ley no lo reconozca todavía. Entre 2011 y 2022, las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que cada dos días un militar resultó herido en acto de servicio y cada 22 días uno falleció. A pesar de ello, un piloto civil, un buzo profesional o un bombero disfrutan de coeficientes reductores, mientras que un militar que desempeña las mismas funciones, bajo condiciones aún más exigentes, no tiene ese derecho.
El debate no es menor. Para muchos militares la jubilación llega con un desgaste físico y psicológico acumulado tras décadas de servicio. Sus pensiones, además, varían de manera desigual según estén en el régimen de Clases Pasivas o en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que añade una sensación de trato injusto.
La iniciativa parlamentaria busca poner fin a esta contradicción y equiparar a los militares con otras profesiones que ya cuentan con este reconocimiento.
No se trata de un privilegio, sino de justicia y sentido común: reconocer que la profesión militar exige sacrificios extremos, aún en tiempos de paz, por su disposición permanente al trabajo asumiendo riesgos (en operaciones internacionales, desastres naturales, etc.), incluidos el estar dispuesto a entregar la vida si es necesario. Esto debería tener su reflejo en unas condiciones de retiro dignas y acordes a esa realidad.